“La oferta de alquiler de larga duración para poder imaginar un proyecto de vida se ha volatilizado”. Con una afirmación tan rotunda como esa se abre el documento elaborado por el Comité de Personas Expertas de AVS, que contiene su diagnóstico, análisis, reflexiones y propuestas para ayudar a que la vivienda sea un derecho al alcance de todos. Las cifras y las estadísticas respaldan el diagnóstico de gravedad de un problema que no es privativo de España, sino que es internacional. En nuestro país, los expertos tienen claro que debemos construir más (desde hace más una década se construyen menos de 90.000 viviendas anualmente, cuando el INE indica que se necesitan 240.000) y aumentar el parque de alquiler existente. Además, consideran que “deberíamos exprimir el uso del parque existente para que permita vivir dignamente a un mayor porcentaje de población”.
En primer lugar, el Comité propone un pacto de Estado -con un horizonte mínimo de 15 años-, para desarrollar un potente plan concertado con la iniciativa privada, que incluya la vivienda de alquiler asequible, la vivienda de alquiler social y la rehabilitación del parque existente. Un pacto entre partidos políticos, administraciones, sociedad civil, y el sector inmobiliario productivo, que incluya un compromiso de inversión presupuestaria del Estado (1,5% del PIB, como ideal) -respaldado con el compromiso de comunidades autónomas y ayuntamientos-, que posibilite un Plan de Vivienda, con ayudas suficientes que garanticen la viabilidad de promociones de alquiler asequible, de alquiler social y de rehabilitación de barrios. Los expertos son conscientes de que tamaña inversión no puede recaer exclusivamente en el sector público, y proponen que el alquiler social sea público, y el asequible, en partenariado con la iniciativa privada, a pesar de las dificultades que pueda plantear la tarea. Son rotundos en constatar que “la promoción pública en alquiler será la única solución para dar respuesta a los más desfavorecidos”, por lo que piden establecer las condiciones económicas y presupuestarias de modo que los promotores públicos puedan realizar con eficacia la labor que les ha sido encomendada por las diferentes administraciones.
En cuanto al aspecto relacionado con la mejora e incremento del acceso al parque ya existente, el comité de personas expertas considera que se deberían “combatir algunas interpretaciones torticeras de nuestras leyes”, de modo que en todas ellas quedara implícito que “la vivienda es un servicio de interés general, cuya índole económica no debe ser la prioridad única y absoluta”, hasta conseguir finalmente “que la totalidad de las viviendas se destinen al uso para el que fueron pensadas”. Al tiempo, proponen estudiar todas las posibilidades de aumentar el parque de viviendas asequibles, aprovechando el parque existente (subdivisión de viviendas sobredimensionadas, unifamiliares de gran superficie, aprovechamiento de plantas bajas…) para uso de vivienda, sin incrementar las cesiones previstas ni generar mayor ocupación de suelo.
Puedes consultar estas reflexiones del Comité de Personas Expertas aquí.
